La asamblea del PRI, nuevo banderazo a la impunidad

    ubimos quienes, ingenuos otra vez, llegamos a creer que la teleconferencia de Santiago Oñate Laborde para abrir a debate el enjuiciamiento de Carlos Salinas de Gortari era el virtual anuncio de que sería expulsado del PRI. Pero a la postre eso no fue sino el pitazo para alertarlo y llamar a sus defensores a que se prepararan y se unieran para no permitirlo. Y así lo hicieron.

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Carlos Salinas no será echado del PRI, según lo resolvieron, por virtual aclamación, sus correligionarios de los altos cuadros dirigentes.

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Así, la Décima Séptima Asamblea Nacional del PRI se convirtió también, en feria de virtualidades, en un nuevo banderazo para que la impunidad siga imperando en este país, pues Carlos Salinas de Gortari, en opinión generalizada de los mexicanos y desde luego de una gran cantidad de los propios militantes priístas, es el exponente nacional de la impunidad que domina en este país, no sólo por las sospechas a que se ha hecho acreedor en torno a crímenes llamados de Estado, sino por algo todavía más lacerante para los mexicanos: el destrozo que hizo de este país hasta dejarlo en la miseria más espantosa de los últimos lustros.

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La Asamblea Nacional del Revolucionario Institucional nos mostró también cuánta fuerza tiene todavía Carlos Salinas de Gortari entre la clase dirigente de este partido y, en contraste, cuan débil sigue estando en esa élite —y desde luego también entre las bases— el "primer priista de México", quien hoy además fue despojado de dos de las banderas de la que se apoderaron los tecnócratas a cuya clase el pertenece: el llamado liberalismo social y la posibilidad de acceso libre, sin requisito de militancia, a la candidatura priista a la Presidencia de la República, pues uno de los resolutivos de la Asamblea fue eliminar textualmente el modelo de política social desarrollado hasta el éxtasis por Carlos Salinas y, el otro, cambiar el estatuto para que en lo sucesivo sólo puedan acceder a las candidaturas a la Presidencia de la República, al Senado o a una gubernatura, quienes acrediten la "calidad de militantes con por lo menos 10 años de antigüedad en el partido, y haber ocupado obligadamente un puesto de elección popular".

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Con esta reforma los principales miembros del gabinete que se considerarían presidenciables quedan fuera de esa jugada, a menos que alguien de ellos se atreva a competir por una diputación o, ¿por qué no?, por una regiduría municipal con tal de cumplir con el nuevo requisito estatutario. Si como se dejó ver en esta asamblea priísta, Salinas sigue siendo el control político de la mayoría de la clase dirigente y gobernante, la impunidad seguirá imperando, pues quien también tiene el control de las complicidades es Salinas y no precisamente su sucesor que, como vemos, se ha quedado más indefenso, expuesto a ser víctima de la impunidad que ha prohijado.

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