Una nueva puñalada trapera se le ha dado a la democracia en México. Ahora otra vez desde dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), con un escandaloso hecho de corrupción en la compra de papelería y otros materiales cuyos contratos suman al menos mil millones de pesos, según la información ventilada en las primeras investigaciones oficiales.

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Este hecho obligó a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a presentar su renuncia al ponerse al descubierto que cayó en el delito de conflicto de interés y otras faltas graves que de ello se deriven, por haber otorgado indebidamente contratos de compra inconsultos con el Consejo General de ese organismo.

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Si bien esto es sumamente grave, se circunscribe a la esfera administrativa por mal manejo de los recursos públicos y, según el compromiso que están tomando el Congreso de la Unión y los propios consejeros del INE, no se pone en riesgo la organización del proceso electoral ya en marcha y que deberá culminar dentro de ocho meses. Se ha formalizado ya denuncia en contra de Guadalupe Taddei y quienes resulten responsables por la comisión de cinco delitos. 

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Más allá de las investigaciones que hagan la Auditoría Superior de la Federación y otras autoridades del orden fiscal y judicial para fincar responsabilidades y demostrar que lo ocurrido no quedará sin castigo ejemplar, es exigible que lo más pronto se exhiba fehacientemente con hechos tangibles que el proceso electoral sigue su marcha normal conforme al calendario establecido y no habrá más contratiempos para que los comicios tengan lugar todavía con mejor éxito que los anteriores.

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Una de las causas de origen que contribuyeron a lo ocurrido se ubica en los superpoderes unipersonales que el Congreso de la Unión otorgó en la Ley Electoral Federal y su reglamentación a quien ocupara la presidencia del INE, sin necesidad de recurrir a la práctica colegiada de consultarlo a su Consejo General.

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Tanto peor, por ello, haber traicionado esa confianza del pueblo depositada en sus representantes, dejándola en trizas al convertir en negocio personal la administración de los dineros públicos puestos en sus manos.

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Otra puñalada se ha asestado así a la institución en la que el pueblo ha cifrado su confianza para que sea garante de pulcritud y honestidad de uno de los más grandes valores que tiene, que es la voluntad impersonal de los ciudadanos para elegir su destino político mediante el sufragio.

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Ello supone honestidad a carta cabal en todos los órdenes y por supuesto en el manejo de los recursos públicos millonarios puestos a su disposición. Los indicios apuntan a que la corrupción destapada es añeja, pero que la supieron encubrir.

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El duro golpe asestado a la democracia reclama que verdaderamente los legisladores asuman con responsabilidad y visión de Estado el papel de auténticos representantes del pueblo no sólo para preservar, sino para blindar y fortalecer la confiabilidad en la institución encargada de organizar las elecciones y darle certeza al sufragio para determinar el gobierno y con ello el futuro de este país.

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Las circunstancias obligan a que el coraje sea superado por la política inteligente y el optimismo, para que la democracia aun con traiciones y puñaladas se siga abriendo paso y se fortalezca, pues no es ésta la peor crisis, como la oposición vocifera. Baste recordar los dos grandes fraudes de los últimos años: el cometido en 1988, cuando Carlos Salinas le robó la Presidencia de la República a Cuauhtémoc Cárdenas y en el 2006 Felipe Calderón hizo otro tanto a Andrés Manuel López Obrador, según abiertamente lo ha confesado ahora Vicente Fox, creyendo quizá que así lava su conciencia y ganará colarse a la gloria que su religión ofrece.

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A golpes y traiciones la democracia sin embargo se abre paso y se crece. Ya lo advertía Cuauhtémoc Cárdenas aquel 16 de julio de 1988 enmedio del Zócalo de la capital del país ante la más grande concentración de que se tenga memoria: «El camino de la democracia es largo; y ése es el que hay que seguir». Como lo relatamos en la polémica anterior, fue entonces cuando la gran movilización nacional que despertó, se encaminó pacíficamente a la democracia, evitando así un baño de sangre en el país, y la cancelación de esta vía, quién sabe por cuánto tiempo, para transformar la vida política, social y económica mediante un gobierno y un nuevo sistema que dejará —y va dejando— atrás, muy atrás, el dominio de las oligarquías de unos cuantos saqueadores y explotadores de las mayorías.

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Ciertamente también éstos son ideales que infortunadamente no acaban de entender muchos de quienes forman —o dicen estar— en las filas de la Regeneración Nacional y la Cuarta Transformación. Cuanto más pronto lo asimilen, más rápido será el avance y mayor el blindaje contra acechanzas internas y externas.